El Caso Lucchetti y un gran maestro
Ocho años después de haber publicado el primer artículo periodístico sobre el ‘Caso Lucchetti' en el diario El Comercio, en el Perú, es que el pasado 1 de diciembre de 2005, el Poder Judicial dictó la primera sentencia condenatoria contra un implicado en este tema: Vladimiro Montesinos.
El ex jefe de los servicios secretos de Alberto Fujimori (1990-2000) fue sentenciado a cuatro años de prisión –aunque ya cumple una condena mayor de 15 años por otro caso- por asociación ilícita para delinquir y tráfico de influencias al haber manipulado los hilos del Poder Judicial para favorecer a la empresa de pastas levantada en el área de influencia de los Pantanos de Villa, en el distrito de Chorrillos, en Lima.
Con el paso del tiempo “ato mejor los cabos” y comprendo mejor cómo la empresa de pastas Lucchetti hilvanó uno de los ‘lobbies' más impresionantes a nivel político-judicial-abogadil-prensa-y-propaganda para imponer sus molinos en un área, por cierto caótica, donde los pantanos básicamente sólo servían de linderos fronterizos entre costosas residencias, pueblos jóvenes y plantas industriales.
En el nivel político , Lucchetti -que forma parte de la corporación que encabeza Andrónico Luksic y su familia, la más poderosa de Chile, según la revista Forbes (edición de enero de 2005)-, encaró el problema en varios escenarios. En el ámbito edilicio, la empresa se portó de lo lindo con el ex alcalde de Chorrillos, Pablo Gutiérrez, quien en conversaciones de aquella época nunca me negó las contribuciones hechas por Lucchetti a su municipalidad para, de una u otra manera, ablandar su vozarrón, el mismo que levantaba para defender sin contemplaciones la intangibilidad el Morro Solar.
En el ámbito del gobierno central, los mandamases de Lucchetti trazaron un canal directo con el verdadero epicentro del poder en los 90: el Servicio de Inteligencia Nacional, es decir, Montesinos.
En el fuero judicial, el esfuerzo fue mínimo, ya que Lucchetti ya había trabajado en un peldaño superior con Montesinos, quien digitaba los fallos del juez Percy Escobar. Por eso el magistrado aprobó una acción de amparo para que Lucchetti continuara con la construcción de la fábrica.
Debo recordar que en los pasadizos de la Municipalidad de Chorrillos obtuve una copia de la licencia con la que Lucchetti intentó justificar la construcción de un edificio de seis pisos. Ese permiso era una licencia provisional que los autorizaba a construir un cerco perimétrico y afirmar el terreno. Nada más. ¿Y quién era el constructor? J.J. Camet, la empresa de Jorge Camet, entonces ministro de economía de Fujimori.
En el fuero legal , era evidente que la simple nota informativa y la persistencia periodística habían cobrado dimensiones que exigían el diseño de una sólida estrategia de defensa legal por parte de Lucchetti, a pesar de que la empresa ya había comprado al árbitro para ‘apanar' en los tribunales a la Municipalidad de Lima, la cual litigó para clausurar la fábrica.
Considero que todo acusado tiene el derecho a defensa legal. Y respeto la libertad que tiene un abogado para contratar con el cliente que crea conveniente. Por eso no discuto que importantes juristas del país hayan aceptado contratar con Lucchetti.
Pero lo que nunca me dejó de llamar la atención, es que el dinero sea capaz de disolver la coherencia ética de un profesional y anestesiarlo al punto de, primero, criticar la construcción de la fábrica y defender la conservación de los pantanos en una carta pública rubricada por él mismo, para finalmente, al cabo de cinco años, acabar siendo contratado para defender los intereses de Lucchetti, tal como lo hizo el reconocido jurista, profesor de derecho y autor de varias publicaciones, Jorge Avendaño.
En el nivel de la propaganda , Lucchetti igualmente invirtió miles de dólares en auspiciar programas como el de Laura Bozzo o en re-construir una buena imagen a través de la compañía Publicistas y Asociados con la difusión de mensajes convincentes en los medios de comunicación masiva.
Unos de aquellos mensajes, el de “buenos vecinos” o “no usaremos agua de los pantanos”, fueron publicados, también, en el diario donde yo escribía. Pero trataba de entender que una cosa es periodismo y otra, muy distinta, publicidad.
Mientras Lucchetti difundía sus anuncios en radio, prensa y televisión, un grupo de vecinos denunció por radio que trabajadores de la fábrica venían instalando tuberías subterráneas. Sin embargo, la noticia pasó desapercibida a mediados de 1998. Por aquellos días, en los pasadizos de El Comercio, Yuyú Urrunaga, entonces integrante de la Unidad de Investigación, ya me había advertido previamente de los propósitos de Lucchetti, a pesar del compromiso público.
Por eso, provistos de un par de palas, es que dos vecinos y el reportero gráfico Dante Piaggio, seguimos el rastro de la tubería, la misma que estaba conectada a un pozo que se abastecía con agua de los pantanos.
Paralelamente obtuvimos los documentos de cómo la empresa administradora del agua en Lima, Sedapal, encima, le había ‘arreglado' el problemita a Lucchetti, autorizando el uso de esa agua, a pesar de que la fábrica de pastas se había comprometido a evitarlo. Con el titular “Trampa en los pantanos”, una vez más El Comercio denunció las mentiras de Lucchetti y el sospechoso proceder de Sedapal.
En el nivel periodístico, el discurso de los medios periodísticos, en un balance general, fue evidentemente fiscalizador, en defensa del interés público, y adverso a los propósitos de Lucchetti. Sobre todo cuando traspasó la frontera vecinal para convertirse en materia de controversia judicial y de tráfico de influencias en las esferas más altas del poder.
La campaña periodística fue iniciada en El Comercio, en junio de 1997 y continuó a pesar de un artículo editorial contracorriente aparecido en enero de 1998. La gran lección, sin embargo me la dio el entonces editor de la página Metropolitana de ese diario, Aníbal Alvarado, formador de una generación de periodistas que, actualmente, algunos de ellos, ya son editores en el decano de la prensa peruana.
Alvarado es de los editores que retan al reportero a ser persistentes y luchadores para, básicamente, hacer una cosa: buen periodismo.
Por eso, el silencioso mérito periodístico para seguir adelante con la investigación de ese caso, es el de este hombre sencillo, ajeno a los reflectores, formado en la antigua Escuela de Periodismo de la Universidad Católica. Quienes tienen el privilegio de conocerlo, estoy seguro, coincidirán conmigo en las cualidades profesionales de Alvarado.
Sin la dirección de editores de ese calibre en la prensa de Latinoamérica, es difícil que un reportero de calle realmente logre que su trabajo no sea en vano, aunque la justicia llegue ocho años después o a pesar de que corran millones de dólares bajo la mesa.
Por eso, a la distancia, le reitero mi gran respeto a Alvarado, y espero no se enoje porque en el menú familiar al concluir estas líneas me aguarda un ‘spaghetti' con sazón cubano.
Cuanto me cuesta ver cómo los equipos de rescate y atención médica que Javier Molfino recolectó desde comienzos de este año para donarlos al Perú, se oxidan y honguean en su casa de Kendall, al sudoeste de Miami.
Hay mucho de qué seguir indignándonos. Es un crimen que los equipos médicos que recolecta el doctor Jorge Jacobi, sigan apoltronándose en su consultorio del Mercy Hospital, en Miami, sin que no hagamos nada para darle una mano, para que simplemente este endocrinólogo pueda ayudar a gente que realmente lo necesita. Su vocación de servicio ya fue premiada por el Consulado peruano en 1989. Su terquedad para seguir ayudando no la alimenta la fama, sino el compromiso humanitario.