| Más
que aguas turbias: El conflicto Arequipa – Moquegua
Fueron
once días donde recibieron la atención de los
medios y el gobierno central. Lo cierto es que antes del pleito,
los presidentes regionales de Arequipa, Daniel Vera Ballón,
y Moquegua, Cristala Constantinides, compartían algo
más que el escaso respaldo de sus comuna. Ambos tienen
denuncias que podría devenir en procesos de revocatoria
de sus cargos. Ahora, tras la pugna por la represa Pasto Grande,
aquellas sombras se han disipado momentáneamente.
Escriben
Jerónimo Centurión y María
Isabel Torres / agenciaperu.com
CONSTANTINIDES
AGITA EL AGUA
Hace casi dos semanas, y a pesar de que el
proyecto Pasto Grande está a cargo del gobierno central,
Cristala Constantinides, Presidenta de la Región Moquegua,
decidió pasar por alto la autoridad y negar parte del
agua a los agricultores del valle del Tambo, ubicado a unos
150 kilómetros al sur de Arequipa, en la frontera con
Moquegua.
Por aquella época, las convocatorias
públicas realizadas por Constantinides en plazas de
Moquegua se hicieron frecuentes. Allí, la Presidenta
exaltó los sentimientos regionalistas de su pueblo,
bajo el respaldo una nueva promesa presidencial que aparentemente
nunca se cumplió.
“Así lo dijo el Presiente de
la República el 28 de julio. Todos hemos escuchado
que dijo el 2 de noviembre: ‘entregaremos el proyecto
de Pasto Grande a la región Moquegua’. ¿Y
se ha cumplido? No. ¿Y cómo ha quedado el presidente
Toledo? Como un mentiroso”, sentenció hace unos
días.
EL
INICIO DE LOS ENFRENTAMIENTOS
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| CONSTANTINIDES
ANTE LA MASA, en un discurso donde tildó a Toledo
de "mentiroso". |
Ante este
hecho, los agricultores arequipeños, la mayoría
del valle de Tambo, reaccionaron con la misma arbitrariedad.
El 16 de noviembre, los agricultores del Tambo, con el respaldo
y apoyo de los pobladores de la provincia de Islay, bloquearon
con enormes rocas la carretera Panamericana Sur y sus anexos,
impidiendo de manera absoluta el tránsito vehicular.
Esto bajo el respaldo del presidente de la Región Arequipa,
Daniel Vera Ballón.
Eduardo Del Carpio, presidente de la Junta
de Regantes del Valle del Tambo, aseguró a agenciaperu.com
que antes de tomar ninguna medida de fuerza se advirtió
al gobierno lo que se venía. “Le advertimos al
intendente de recursos, al ministro francisco Gonzáles
García”, indicó.
Así, desde el día del bloqueo,
los camiones que desde Moquegua Tacna, Puno, Chile o Bolivia
se dirigían a Lima o Arequipa se quedaron varados en
plena carretera. Los actos se realizaron ante la permisiva
mirada de la Policía. Para los agricultores, el bloqueo
era una consigna. En Mollendo, la capital de Islay, se formó
una verdadera trinchera.
Según Eduardo Del Carpio, la decisión
de la presidenta de la región Moquegua de negar agua
al Tambo tendría como base un arreglo con la minera
Quellaveco del cual participaría el propio gobierno.
Del Carpio basó su denuncia en una
carta del 10 de marzo del 2000 firmada por el gerente general
de minera Quellaveco al director ejecutivo del proyecto Pasto
Grande. En la carta, la minera solicitó hacerse cargo
de todas las aguas subterráneas. A eso se suma, según
este testimonio, el Decreto Supremo firmado por el presidente
Toledo, el 30 de enero de 2002, el cual reserva aguas para
uso minero.
“¿Por qué si están
considerando agua para la minería, no nos dan agua
a nosotros?”, se preguntó Del Carpio.
La paralización tuvo un impacto brutal:
si bien los agricultores perdieron buena parte de sus cultivos
por la falta de agua, las perdidas a nivel comercial por el
bloqueo de la carretera fueron millonaria.
DESGOBIERNO
Mientras todo esto sucedió en provincias,
en Lima el gobierno se tomó las cosas con calma: mesas
de trabajo, un Antonov para trasladar a la Presidenta de la
Región Moquegua, prensa y diálogos interminables.
Para el presidente de la Cámara de
Comercio de Arequipa, Pablo Alcázar, “se ha perdido
el principio de autoridad. Existen herramientas legales para
desbloquear las carreteras, existe un ministerio del interior
para desbloquear carreteras y hacer el derecho del libre tránsito
y no se usan estas herramientas porque detrás hay un
calculo político”.
“Cuánto le cuesta al gobierno
políticamente pelearse con Moquegua o Arequipa entonces
no me parece una forma seria de manejar el país y ponen
en riesgo la inversión y la imagen”, se preguntó.
Alcázar opina que la relación
entre los gobiernos regionales y el Ejecutivo es dependiente
y permisiva para el país.
“¿Quién manda sobre el
derecho de las aguas? ¿El Presidente Regional, el Ministro
de Agricultura, el Presidente de la República, el Ministro
de Vivienda? Ahí hay un conflicto que no se ha podido
resolver ahí se nota claramente que hay que afinar
las relaciones entre el gobierno regional y el gobierno central”,
cuestionó.
EL
FINAL DE LA HISTORIA
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| ALCÁZAR:
"se ha perdido el principio de autoridad. Existen
herramientas legales para desbloquear las carreteras,
existe un ministerio del interior para desbloquear carreteras
y hacer el derecho del libre tránsito y no se usan"
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En Lima,
después de 11 días de violencia, Constantinides
tuvo que ceder ante la razón, pero ante su pueblo,
siguió practicando su juego político.
Constantinides acordó entregar cuatro
metros cúbicos de agua de la represa de Pasto Grane
al Gobierno Regional de Arequipa, solo hasta fines de este
año, bajo la condición de transferir el proyecto
de Pasto Grande a la región Moquegua.
Pese a ello, la presidenta regional no dudó
en criticar la actitud de varios representantes del Ejecutivo.
“El ministro Bruce que ayer ha querido maltratarnos
y empezar a gritar... nosotros también le hemos gritado,
por que por mas ministro que sea”, señaló,
entre otras cosas.
Al final, en Moquegua, la población
terminó confundida, y en Arequipa la sensación
principal es que, en esta ocasión, el gobierno pecó
de débil y no se hizo respetar.
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